Artículo 2. La Nación Mexicana es única e indivisible. La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus Pueblos Indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre Pueblos Indígenas.

Son comunidades integrantes de un Pueblo Indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentada en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. El derecho de los Pueblos Indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional.

El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.

III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal, la soberanía de los Estados y la autonomía de la Ciudad de México. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.

V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución.

VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las 3 comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley.

VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos. Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas.

VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los Pueblos Indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público.

B. La federación, las entidades federativas y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, de 28 de noviembre de 2018. Ver norma.

En la que se abroga la ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Artículo 1. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en lo sucesivo el Instituto, es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa, con sede en la Ciudad de México.

Artículo 2. El Instituto es la autoridad del Poder Ejecutivo Federal en los asuntos relacionados con los Pueblos Indígenas y afromexicano, que tiene como objeto definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas, para garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de los Pueblos Indígenas y afromexicano, así como su desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento de sus culturas e identidades, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos jurídicos internacionales de los que el país es parte (Ley del INPI, Art. 1-2, 2018).

Artículo 11. El Instituto contará con los Órganos siguientes:

I. Una Junta de Gobierno, como órgano de gobierno;

II. Una Dirección General, como órgano de administración;

III. Un Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, como órgano de participación, consulta y vinculación con los Pueblos Indígenas y afromexicano;

IV. Las Oficinas de Representación del Instituto, como órganos de representación en las entidades federativas, en las que así se requiera, y

V. Los Centros Coordinadores de Pueblos Indígenas, como órganos de operación regional.

Consulta y participación.

Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, de 28 de noviembre de 2018. Ver norma.

DOF, 04 de diciembre de 2018.

Artículo 5. Para dar cumplimiento a la fracción XXIII del artículo 4 de esta Ley, el Instituto diseñará y operará un sistema de consulta y participación indígenas, en el que se establecerán las bases y los procedimientos metodológicos para promover los derechos y la participación de las autoridades, representantes e instituciones de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en la formulación, ejecución y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo y demás planes y programas de desarrollo, así como para el reconocimiento e implementación de sus derechos. De igual forma, podrá llevar a cabo los estudios técnicos necesarios para la efectiva realización de los procesos de consulta.

Artículo 6. El Instituto en el marco del desarrollo de sus atribuciones, se regirá por los siguientes principios:

Ley Federal de protección del patrimonio cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, de 30 de noviembre de 2021. Ver norma.

DOF, 17 de enero de 2022.

Ley de la Fiscalía General de la República, de 29 de abril de 2021. Ver norma.

DOF, 20 de mayo de 2021.

Ley de Amnistía, de 20 de abril de 2020. Ver norma.

DOF, 22 de abril de 2020.

Ley General de Educación, de 25 de septiembre de 2019. Ver norma.

DOF, 30 de septiembre de 2019. 

Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, de 27 de abril de 2016. Ver norma.

DOF, 01 de junio de 2016.

Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes, de 06 de noviembre de 2014. Ver norma.

DOF, 04 de diciembre de 2014.

Última reforma de 28/04/2022.

Ley de Industria Eléctrica, de 05 de agosto de 2014. Ver norma.

DOF, 11 de agosto de 2014.

Última reforma de 11/05/2022.

Ley de Energía Geotérmica, de 05 de agosto de 2014. Ver norma.

DOF, 11 de agosto de 2014. 

Ley de Hidrocarburos, de 05 de agosto de 2014. Ver norma.

DOF, 11 de agosto de 2014.

Última reforma de 20/05/2021.

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de 08 de julio de 2014. Ver norma.

DOF, 14 de julio de 2014.

Última reforma de 20/05/2021.

Código Nacional de Procedimientos Penales, 05 de febrero de 2014. Ver norma.

DOF, 05 de marzo de 2014.

Última reforma de 19/02/2021.

Ley de Amparo, de 20 de marzo de 2013. Ver norma.

DOF, 02 de abril de 2013.

Última reforma de 07/06/2021.

Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, de 19 de diciembre de 2006. Ver norma.

DOF, 01 de febrero de 2007.

Última reforma de 29/04/2022.

Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, 15 de febrero de 2005. Ver norma.

DOF, 18 de marzo de 2005.

Última reforma de 11/05/2022.

Ley General de Desarrollo Social, de 09 de diciembre de 2003. Ver norma.

DOF, 20 de enero de 2004.

Última reforma de 11/05/2022.

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, de 29 de abril de 2003. Ver norma.

DOF, 11 de junio de 2003.

Última reforma de 17/05/2022.

Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, de 15 de diciembre de 2002. Ver norma.

DOF, 13 de marzo de 2003.

Última reforma de 28/04/2022.

Artículo 14. Se crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, como organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, de servicio público y social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado en la Secretaría de Cultura, cuyo objeto es promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional, el conocimiento y disfrute de la riqueza cultural de la Nación, y asesorar a los tres órdenes de gobierno para articular las políticas públicas necesarias en la materia. Para el cumplimiento de este objeto, el Instituto tendrá las siguientes características y atribuciones.

Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, de 21 de diciembre de 1998. Ver norma.

DOF, 06 de enero de 1999.

Última reforma de 23/03/2022.

Ley Federal de Derecho de Autor, de 05 de diciembre de 1996. Ver norma.

DOF, 24 de diciembre de 1996.

Última reforma de 01/07/2020.

Ley Minera, de 17 de junio de 1992. Ver norma.

DOF, 26 de junio de 1992.

Última reforma de 20/04/2022.

Ley General del Equilibrio ecológico y la protección al ambiente, de 22 de diciembre de 1987. Ver norma.

DOF, 28 de enero de 1988.

Última reforma de 11/04/2022.

Ley de Planeación, de 29 de diciembre de 1982. Ver norma.

DOF, 05 de enero de 1983.

Última reforma de 16/02/2018.

Código Federal de Procedimientos Civiles, 1943. Ver norma.

DOF, 24 de febrero de 1943.

Última reforma de 07/06/2021.

Código Penal Federal, de 14 de agosto de 1931. Ver norma.

DOF, 14 de agosto de 1931.

Última reforma de 12/11/2021.

Código Civil Federal, de 30 de agosto de 1928. Ver norma.

DOF, 26 de mayo, 14 de julio, 03 y 31 de agosto de 1928 (Publicado en cuatro partes).

Última reforma de 11/01/2021.

Aguascalientes:

Ley de Justicia Indígena del Estado de Aguascalientes. Ver norma.

De 05 de marzo de 2015.

Baja California:

Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Baja California. Ver norma.

De 25 de septiembre de 2007.

Campeche:

Ley que crea el Instituto de Lenguas Indígenas del Estado de Campeche. Ver norma.

De 27 de agosto de 2012.

Ley de Derechos, Cultura y Organización de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Campeche. Ver norma.

De 14 de junio de 2000.

Chiapas:

Ley de Derechos y Cultura Indígenas del Estado de Chiapas. Ver norma.

De 29 de julio de 1999.

Chihuahua:

Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas del Estado de Chihuahua. Ver norma.

De 31 de enero de 2013.

Ciudad de México:

Constitución Política de la Ciudad de México. Ver norma.

De 31 de enero de 2017.

Última reforma: 02 de junio de 2022.

Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México. Ver norma.

De 26 de noviembre de 2019.

Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Federal. Ver norma.

De 24 de febrero de 2011.

Colima:

Ley sobre los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Colima. Ver norma.

De 06 de agosto de 2014.

Durango:

Ley de Consulta Indígena para el Estado y Municipios de Durango. Ver norma.

De 18 de agosto de 2015.

Ley que establece el catálogo de Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Durango. Ver norma.

De 18 de agosto de 2015.

Ley General de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Durango. Ver norma.

De 15 de junio de 2007.

Estado de México:

Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México. Ver norma.

De 26 de julio de 2002.

Ley que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Consejo Estatal Para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México. Ver norma.

De 07 de octubre de 1994.

Guanajuato:

Ley para la Protección de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Estado de Guanajuato. Ver norma.

De 2011.

Guerrero:

Ley de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero. Ver norma.

De 15 de febrero de 2011.

Hidalgo:

Ley de Derechos Lingüísticos del Estado de Hidalgo. Ver norma.

De 08 de agosto de 2013.

Ley de Derechos y Cultura Indígena para el Estado de Hidalgo. Ver norma.

De 16 de diciembre de 2010.

Morelos:

Ley de Fomento y Desarrollo de los Derechos y Cultura de las Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado de Morelos. Ver norma.

De 13 de diciembre de 2011.

Nayarit:

Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Nayarit. Ver norma.

De 09 de diciembre de 2004.

Nuevo León:

Ley de los Derechos Indígenas en el Estado de Nuevo León.

Oaxaca:

Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca. Ver norma.

De 19 de junio de 1998.

Ley Orgánica de la Procuraduría para la Defensa del Indígena.

Ley que crea la Academia Oaxaqueña de Lengua Mixteca. Ver norma.

De 25 de noviembre de 1970.

Ley que crea la Academia de la Lengua Zapoteca. Ver norma.

De 25 de noviembre de 1970.

Puebla:

Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Puebla. Ver norma.

De 12 de enero de 2011.

Querétaro:

Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Querétaro. Ver norma.

De 08 de enero de 2009.

Quintana Roo:

Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo. Ver norma.

De 29 de julio de 1998.

Ley de Justicia Indígena del Estado de Quintana Roo. Ver norma.

De 06 de agosto de 1997.

San Luis Potosí:

Ley de Justicia Indígena y Comunitaria para el Estado de San Luis Potosí. Ver norma.

De 28 de septiembre de 2014.

Ley para el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de San Luis Potosí. Ver norma.

De 15 de diciembre de 2011.

Sonora:

Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora. Ver norma.

De 09 de diciembre de 2010.

Tabasco:

Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Tabasco. Ver norma.

De 03 de abril de 2009.

Tlaxcala:

Ley de Protección, Fomento y Desarrollo a la Cultura Indígena para el Estado de Tlaxcala. Ver norma.

De 28 de marzo de 2006.

Veracruz:

Ley de Derechos y Cultura Indígenas para el Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave. Ver norma.

De 03 de noviembre de 2010.

Yucatán:

Ley del Sistema de Justicia Maya del Estado de Yucatán. Ver norma.

De 21 de mayo de 2014.

Ley para la Protección de los Derechos de la Comunidad Maya del Estado de Yucatán. Ver norma.

De 12 de abril de 2011.

Zacatecas:

Ley de Justicia Comunitaria del Estado de Zacatecas. Ver norma.

De 28 de junio de 2002.

(Ref. Cámara de diputados y CNDH, 2022).

*DOF: Diario Oficial de la Federación.

Artículo 289. Autonomía indígena originaria campesina consiste en el autogobierno como ejercicio de la libre determinación de las naciones y los pueblos indígena originario campesinos, cuya población comparte territorio, cultura, historia, lenguas, y organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias.

Artículo 290. I. La conformación de la autonomía indígena originario campesina se basa en los territorios ancestrales, actualmente habitados por esos pueblos y naciones, y en la voluntad de su población, expresada en consulta, de acuerdo a la Constitución y la ley.

Artículo 291. I. Son autonomías indígena originario campesinas los territorios indígena originario campesinos, y los municipios, y regiones que adoptan tal cualidad de acuerdo a lo establecido en esta Constitución y la ley.

Artículo 293. I. La autonomía indígena basada en territorios indígenas consolidados y aquellos en proceso, una vez consolidados, se constituirá por la voluntad expresada de su población en consulta en conformidad a sus normas y procedimientos propios como único requisito exigible.

Artículo 231. Se reconoce a los indios su organización social, costumbres, lenguas creencias, tradicionales y los derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, correspondiendo a la Unión demarcarlas, protegerlas y hacer que se respeten todos sus bienes. 1. Son tierras tradicionalmente ocupadas por los indios las habitadas por ellos con carácter permanente, las utilizadas para sus actividades productivas, las imprescindibles para la preservación de los recursos ambientales necesarios para su bienestar y las necesarias para su reproducción física y cultural, según sus usos, costumbres y tradiciones. 2. Las tierras tradicionalmente ocupadas por los indios se destinan a su posesión permanente, correspondiéndoles el usufructo exclusivo de las riquezas del suelo, de los ríos y de los lagos existentes en ellas.

Artículo 329. La conformación de las entidades territoriales indígenas se hará con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, y su delimitación se hará por el Gobierno Nacional, con participación de los representantes de las comunidades indígenas, previo concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Los resguardos son propiedad colectiva y no enajenable.

Artículo 242. El Estado se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales. Por razones de conservación ambiental, étnico-culturales o de población podrán constituirse regímenes especiales. Los distritos metropolitanos autónomos, la provincia de Galápagos y las circunscripciones territoriales indígenas y pluriculturales serán regímenes especiales.

Artículo 67. Protección a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas. Las tierras de las cooperativas, comunidades indígenas o cualesquiera otras formas de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria, así como el patrimonio familiar y vivienda popular, gozarán de protección especial del Estado, de asistencia crediticia y de técnica preferencial, que garanticen su posesión y desarrollo, a fin de asegurar a todos los habitantes una mejor calidad de vida.

Las comunidades indígenas y otras que tengan tierras que históricamente les pertenecen y que tradicionalmente han administrado en forma especial, mantendrán ese sistema.

Artículo 68. Tierras para comunidades indígenas. Mediante programas especiales y legislación adecuada, el Estado proveerá de tierras estatales a las comunidades indígenas que las necesiten para su desarrollo.

Artículo 344. La Reforma Agraria es un proceso integral y un instrumento de transformación de la estructura agraria del país, destinado a sustituir el latifundio y el minifundio por un sistema de propiedad, tenencia y explotación de la tierra que garantice la justicia social en el campo y aumente la producción y la productividad del sector agropecuario.

Artículo 346. Es deber del Estado dictar medidas de protección de los derechos e intereses de las comunidades indígenas existentes en el país, especialmente de las tierras y bosques donde estuvieren asentadas.

Artículo 2. A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución.

VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley.

Artículo 89. […]El Estado reconoce las formas comunales de propiedad de la tierra de las comunidades de la Costa Caribe. Igualmente reconoce el goce, uso y disfrute de las aguas y bosques de sus tierras comunales.

Artículo 180. Las comunidades de la Costa Caribe tienen el derecho inalienable de vivir y desarrollarse bajo la forma de organización político-administrativa, social y cultural que corresponde a sus tradiciones históricas y culturales.

Artículo 181. El Estado organizará, por medio de una ley el régimen de autonomía para los Pueblos Indígenas y las comunidades étnicas de la Costa Caribe, la que deberá contener entre otras normas: las atribuciones de sus órganos de gobierno, su relación con el Poder Ejecutivo y Legislativo y con los municipios y el ejercicio de sus derechos. Dicha ley, para su aprobación y reforma, requerirá de la mayoría establecida para la reforma a las leyes constitucionales.

Artículo 127. El Estado garantizará a las comunidades indígenas la reserva de las tierras necesarias y la propiedad colectiva de las mismas para el logro de su bienestar económico y social. La ley regulará los procedimientos que deban seguirse para lograr esta finalidad y las delimitaciones correspondientes dentro de las cuales se prohíbe la apropiación privada de tierras.

Artículo 64. De la propiedad comunitaria Los Pueblos Indígenas tienen derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, en extensión y calidad suficientes para la conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida. El Estado les proveerá gratuitamente de estas tierras, las cuales serán inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles, no susceptibles de garantizar obligaciones contractuales ni de ser arrendadas; asimismo, estarán exentas de tributo.

Se prohíbe la remoción o traslado de su hábitat sin el expreso consentimiento de los mismos.

Artículo 88. El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. Garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra, en forma privada o comunal o en cualquiera otra forma asociativa. La ley puede fijar los límites y la extensión de la tierra según las peculiaridades de cada zona.

Las tierras abandonadas, según previsión legal, pasan al dominio del Estado para su adjudicación en venta.

Artículo 89. Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas.

Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el artículo anterior.

El Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y Nativas.

Artículo 119. El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Corresponderá al Ejecutivo Nacional, con la participación de los Pueblos Indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y en la ley.

Artículo 120. El aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas. Los beneficios de este aprovechamiento por parte de los Pueblos Indígenas están sujetos a esta Constitución y a la ley.

En el Estado Plurinacional de Bolivia, la Autonomía Indígena Originaria Campesina (AIOC), se enmarca dentro un proceso político, jurídico, social, económico y cultural, que han desarrollado los pueblos indígenas originario campesinos, afrobolivianas y comunidades interculturales. La autonomía indígena originario campesina, se centra en tres elementos fundamentales: la existencia precolonial, el dominio ancestral de su territorio, la libre determinación de los pueblos.

La autonomía es un concepto indivisible que identifica a los pueblos indígena originario campesinos, cuya existencia es anterior a la colonia, su población comparte territorialidad, cultura, historia, lenguas, costumbres, saberes y conocimientos y organización o instituciones sociales, económicas, políticas culturales y jurídicas, propias de cada pueblo o nación y pueden acceder en igualdad de condiciones al derecho a la autonomía establecido en la Constitución Política del Estado.

La entidad competente de la consolidación de la autonomía indígena originaria es el Viceministerio de Autonomías, a la fecha existen 24 procesos de solicitud de las naciones y pueblos indígenas originario campesino, que buscan la implementación de las garantías constitucionales para consolidar su autogobierno y la Autonomía Indígena originario Campesino. Actualmente, se han establecido tres Autonomías Indígenas Originario Campesina (AIOC)
El Gobierno Autónomo Indígena Originario de Charagua – Iyambae perteneciente a la Asamblea del Guaraní del Departamento de Santa Cruz, se creó el 1º de enero de 2017.

El Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino del Territorio de Raqaypampa del Departamento de Cochabamba, se creó el 1º de enero de 2018.

El Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino de la Nación Uru – Chipaya, en el Departamento de Oruro, se creó el 1º de enero de 2018.

- Constitución

Artículo 271. I. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización regulará el procedimiento para la elaboración de Estatutos autonómicos y Cartas Orgánicas, la transferencia y delegación competencial, el régimen económico financiero, y la coordinación entre el nivel central y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas. II. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización será aprobada por dos tercios de votos de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

- Legislación

Ley n.° 3760, del 7 de noviembre de 2007, que da rango legal a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.

Ley n.° 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” del 19 de julio de 2010.

Ley n.° 588, de octubre de 2014, que regula el procedimiento para la transferencia de recursos económicos para la organización y administración de referendos aprobatorios de estatutos de autonomías indígena originario campesinas, para garantizar la conversión de las autonomías indígenas originaria campesina – AIOC.

Resolución Ministerial n.° 309/2017 del 29 de diciembre de 2017, de creación Ancestralidad Territorial.

Resolución Ministerial n.° 310/2017 del 29 de diciembre de 2017 que da lugar a la Viabilidad Gubernativa y Base Poblacional.

Los resguardos indígenas son una institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por una o más comunidades indígenas, que con un título de propiedad colectiva que goza de las garantías de la propiedad privada, poseen su territorio y se rigen para el manejo de éste y su vida interna por una organización autónoma amparada por el fuero indígena y su sistema normativo propio.

La legalización de tierras a comunidades indígenas incluye el procedimiento para la realización de los trámites de constitución y ampliación de resguardos; el primero tiene por objeto la legalización de tierras con el carácter de resguardo, con el fin de contribuir al adecuado asentamiento y desarrollo de las comunidades indígenas para que estas puedan “preservar sus usos y costumbres, prácticas tradicionales de producción y garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de sus integrantes”.

Por su parte, la ampliación de resguardos es el proceso de legalización de tierras a comunidades indígenas, cuando estas fuesen insuficientes para su desarrollo económico y cultural o para el cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad, o aun cuando no fueron incluidas en el resguardo la totalidad de las tierras que ocupan tradicionalmente o que constituyen su hábitat.

De esta manera, entre los años 1966 y 2018, han sido constituidos en Colombia 872 resguardos indígenas y se han ampliado 102, con una extensión aproximada de 32,3 millones de hectáreas, en los cuales, según datos de 2005, habitan más de un millón de personas.

- Constitución

Artículo 329. La conformación de las entidades territoriales indígenas se hará con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, y su delimitación se hará por el Gobierno Nacional, con participación de los representantes de las comunidades indígenas, previo concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Los resguardos son propiedad colectiva y no enajenable.

Artículo 330. De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades.

- Legislación

Ley n.° 89 de 1890. Ley decretada por el Congreso que dice: “Por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada” Se norma la organización de cabildos, resguardos, de los protectores indígenas, las ventas, la división de los terrenos de los resguardos.

Decreto n.° 1088 de 1993. Regula la creación de las asociaciones y cabildos indígenas.
Dicta normas relativas al funcionamiento de los territorios indígenas, protección de sus territorios, y asociación de comunidades indígenas, en función de su participación y fortalecimiento económico, social y cultural.

Decreto n.° 1809 de 1993. Sobre normas fiscales relativas a los territorios indígenas.
Art. 1°. Confiere a los resguardos el estatus de municipios, para efectos de las transferencias de recursos.

Ley n.° 160 de 1994. Su capítulo XIV regula la dotación y titulación de tierras a las comunidades indígenas para la constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de los resguardos indígenas en el territorio nacional.

Decreto n.° 2164 de 1995. Dotación y titulación de tierras a las comunidades indígenas para la constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de los Resguardos Indígenas en el territorio nacional.

Por el cual se reglamenta parcialmente el Capítulo XIV de la Ley n.° 160 de 1994 en lo relacionado con la dotación y titulación de tierras a las comunidades indígenas para la constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de los Resguardos Indígenas en el territorio nacional.
Poseen su territorio y se rigen para el manejo de éste y su vida interna por una organización autónoma amparada por el fuero indígena y su sistema normativo propio.

Decreto n.° 1953 de 2014. Crea un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento los Territorios Indígenas respecto de la administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas hasta que el Congreso expida la ley de qué trata el artículo 329 de la Constitución Política.

En el año 1939, la Ley General de Terrenos Baldíos declaraba a las tierras habitadas por indígenas como inalienables. En el año 1956, un decreto demarca los primeros territorios indígenas, que en aquel momento se denominaban “reservas indígenas”, de Boruca-Térraba, Ujarrás-Salitre-Cabagra, China Kichá.

Hasta el momento, Costa Rica ha reconocido 24 territorios indígenas a través de Decretos Ejecutivos con rango de ley.

A partir del año 1977, la ley n.° 6172, estableció un marco más completo al tema. Aprobada esta ley, los no indígenas que ingresaran para vivir en los territorios titulados como reservas tendrían que ser reubicados o expropiados, en virtud de su calidad de meros ocupantes. Pero no se reubicó ni se desalojó a los no indígenas, ni tampoco se expropiaron o anularon las invasiones de sus territorios. Según los datos oficiales, la totalidad de los territorios indígenas es de 334,447 hectáreas, de las cuales el 38% se encuentra en manos de no indígenas, a pesar de que existen algunos programas por parte del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) para la compra y restitución de tierras a los pueblos indígenas.

Una medida legislativa que ha tenido un significativo impacto en los territorios indígenas fue la creación de las Asociaciones de Desarrollo Integral (ADI), que suplantaron el reconocimiento de la autoridad de las instituciones tradicionales de los pueblos por un modelo occidental de organización comunal basado en la conformación de juntas directivas que ostentan la representación judicial y extrajudicial de los territorios.

Desde 2016, el Estado costarricense ha iniciado un proceso para dar cumplimiento con lo mandatado por la ley de 1977, regularizar la posesión de la tierra en los territorios indígenas y recuperar los terrenos que se encuentren en posesión u ocupación de personas no indígenas.

- Constitución

La protección constitucional a la territorialidad indígena se sustenta en un marco conceptual evolutivo sobre la identidad cultural, la dignidad, la libertad y la igualdad ante la ley, como elementos inherentes a todas las personas.

En este sentido, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia señaló en 2002:
La Constitución Política, si bien no contiene un estatuto específico respecto de los derechos de las comunidades autóctonas, de su sistema (en especial de las normas contenidas en los artículos 28, 33, 50 y 74) es posible colegir un principio de reconocimiento de tales prerrogativas, basado en la idea de respeto y protección estatales, como deberes ante las comunidades indígenas, velando por la preservación de su cultura y al mismo tiempo el acceso de sus integrantes a los frutos que el desarrollo nacional produce. Lo anterior es reafirmado por el numeral 76 constitucional, que expresamente impone al Estado el deber de mantenimiento y cultivo de las lenguas indígenas. Así, puede la Sala partir como premisa del reconocimiento constitucional hecho a favor de la identidad cultural y protección de los Pueblos Indígenas que habitan el país.

La Sala Constitucional, en 2004, expresó: Entre los derechos que se ha reconocido a las comunidades Indígenas está el de que, a fin de que defiendan el entorno natural de sus tierras, se les consulte en los procedimientos relativos a ellas o que de alguna forma puedan afectar su derecho a desenvolverse con garantía de su calidad de vida, pues de lo contrario se quebranta el debido proceso respecto de los derechos  fundamentales de los pueblos indígenas interesados (artículo 13 del citado Tratado y 50 de la Constitución Política) (...)” (Sentencia n.° 2000-08019, de las 10.18 horas del 18 de setiembre de 2000). En ese orden de ideas, cualquier aprovechamiento de recursos naturales en Reservas Indígenas debe contar con el consentimiento de los pueblos indígenas, y debe informárseles sobre cualquier solicitud de aprovechamiento, aun cuando se trate de recursos naturales en propiedad privada.

Resolución 2004-09931 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, San José, 3 de septiembre de 2004.

- Legislación

Ley n.° 6172, Ley Indígena de 1977 que reconoce los territorios indígenas declarados “reservas” en los decretos anteriores como inalienables, imprescriptibles, no transferibles y exclusivos de las comunidades indígenas.

Decreto n.° 8489 de 1978, Reglamento de la Ley Indígena; introduce las Asociaciones de Desarrollo Integral Indígena en sustitución de las estructuras tradicionales.

En el año 1987, en el marco de la aprobación de una nueva Constitución, cuando el Estado nicaragüense adopta un régimen de autonomía de las comunidades de la Costa Caribe, de carácter regional y multiétnico.

La Costa Caribe cuenta con 700 km de litoral, la Costa Caribe Norte cuenta con una superficie de 32.159 Km² y la Costa Caribe Sur 27.407 Km², donde drena el 95% de las cuencas hídricas nacionales; dispone del 72% del área forestal del país; concentra el 70% de la producción pesquera; cuenta con el 23% del área total agrícola; posee el 60% de los recursos mineros y 45.000 km de plataforma continental con excelente potencial para la explotación de hidrocarburos. La población de las Regiones Autónomas, según el VIII Censo de Población y IV de Vivienda del año 2005, es 620.640 habitantes (314.130 en el Caribe Norte, 305. 510 en el Caribe Sur), en su mayoría, habitan en áreas rurales. El nuevo estatuto se discutió y aprobó en el contexto de un proceso de negociación para la paz y se asentó en base a los principios de reconocimiento y restitución de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes dentro de la soberanía del Estado Nicaragüense.

De allí que la multietnicidad se concibió como un elemento central para mantener la vinculación de las Regiones Autónomas al resto del país, contribuir a construir una conciencia de unidad nacional respetando la diversidad étnica- cultural y la creación de condiciones políticas, económicas, sociales y culturales para la convivencia interétnica.

Esos derechos colectivos, sin embargo, no abarcaban a todos los pueblos indígenas del país. Por lo tanto, actualmente hay tres espacios socio culturales, con marcos normativos diferenciados, a saber: las Regiones Autónomas del Caribe, las comunidades indígenas del Pacifico y Centro Norte y, las comunidades del Alto Coco y Bocay.

- Constitución

Artículo 5. El Estado reconoce la existencia de los pueblos indígenas, que gozan de los derechos, deberes y garantías consignados en la Constitución y en especial los de mantener y desarrollar su identidad y cultura, tener sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos locales; así como mantener las formas comunales de propiedad de sus tierras y el goce, uso y disfrute de las mismas, todo de conformidad con la ley. Para las comunidades de la Costa Atlántica se establece el régimen de autonomía en la presente Constitución.

Artículo 89. Capítulo VI Derechos de las comunidades de la Costa Atlántica de la Asamblea Nacional.
Las comunidades de la Costa Atlántica son parte indisoluble del pueblo nicaragüense y, como tal, gozan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones.

Las comunidades de la Costa Atlántica tienen el derecho de preservar y desarrollar su identidad cultural en la unidad nacional; dotarse de sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos locales conforme a sus tradiciones.

El Estado reconoce las formas comunales de propiedad de las tierras de las comunidades de la Costa Atlántica. Igualmente reconoce el goce, uso y disfrute de las aguas y bosques de sus tierras comunales.
El Estado garantiza a estas comunidades el disfrute de sus recursos naturales, la efectividad de sus formas de propiedad comunal y la libre elección de sus autoridades y diputados.

Artículo 181. Régimen de autonomía para los pueblos indígenas y comunidades étnicas.
El Estado organizará, por medio de una ley, el régimen de autonomía para los pueblos indígenas y las comunidades étnicas de la Costa Atlántica, la que deberá contener, entre otras normas: las atribuciones de sus órganos de gobierno, su relación con el Poder Ejecutivo y Legislativo y con los municipios, y el ejercicio de sus derechos. Dicha ley, para su aprobación y reforma, requerirá de la mayoría establecida para la reforma a las leyes constitucionales.

Las concesiones y los contratos de explotación racional de los recursos naturales que otorga el Estado en las regiones autónomas de la Costa Atlántica, deberán contar con la aprobación del Consejo Regional Autónomo correspondiente.

Los miembros de los consejos regionales autónomos de la Costa Atlántica podrán perder su condición por las causas y los procedimientos que establezca la ley.

- Legislación

Ley n.° 28 de 1987. Estatuto de la Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua. Determina los órganos de administración de la autonomía: El Consejo Regional Autónomo, Coordinador del Gobierno Regional, Autoridades municipales y comunales, Otros correspondientes a la subdivisión administrativa de los municipios (Art. 15).

Ley n.° 445 de 2003. Régimen de propiedad comunal de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco e Indio Maíz.

Profundiza el régimen de autonomía puesto que incorpora aspectos referidos a las relaciones entre las comunidades con distintos niveles de gobierno y reafirma las competencias históricas de las autoridades comunales y territoriales.

La autonomía comarcal significa que los territorios son administrados por las autoridades tradicionales de acuerdo con sus propias normas y sistemas de autoridad y que se aplican sistemas de gestión territorial indígena. Fue el primer país en América Latina en reconocer derechos territoriales y autonomía política y administrativa a los indígenas.

Las comarcas indígenas cuentan con importantes recursos naturales principalmente en bosques y biodiversidad y con mecanismos de protección definidos y realizados por los mismos pueblos que las poseen.

Al interior del perímetro territorial indígena podrían existir distintos tipos de posesión de la tierra, desde los terrenos hereditarios sujetos a compra, venta y alquiler al interior de la comunidad restricta o ampliada hasta las áreas de conservación de capas freáticas o los territorios de caza. El ejercicio de soberanía sobre su propio territorio deriva de la observancia de los estatutos de la comarca y de una gestión territorial manejada por sus propias autoridades.

De acuerdo con el Censo Nacional del año 2010, el total de población indígena de Panamá es de 318.059personas, de las cuales, más de 200.000 viven en las comarcas.

- Constitución

Artículo 127. El Estado garantiza a las comunidades indígenas la reserva de las tierras necesarias y la propiedad colectiva de las mismas para el logro de su bienestar económico y social. La Ley regulará los procedimientos que deban seguirse para lograr esta finalidad y las delimitaciones correspondientes dentro de las cuales se prohíbe la apropiación privada de tierras.

- Legislación

Ley n.° 16 de 1938; Comarca de San Blas, actual Comarca Kuna Yala.

Ley n.° 22 de 1983; Comarca de Emberá de Darién.

Ley n.° 24 de 1996; Comarca de Kuna de Madungandi.

Ley n.° 10 de 1997; Comarca de Ngäbe Buglé.

Ley n.° 34 de 2000; Comarca de Kuna de Wargandí.