Artículo 289. Autonomía indígena originaria campesina consiste en el autogobierno como ejercicio de la libre determinación de las naciones y los pueblos indígena originario campesinos, cuya población comparte territorio, cultura, historia, lenguas, y organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias.

Artículo 290. I. La conformación de la autonomía indígena originario campesina se basa en los territorios ancestrales, actualmente habitados por esos pueblos y naciones, y en la voluntad de su población, expresada en consulta, de acuerdo a la Constitución y la ley.

Artículo 291. I. Son autonomías indígena originario campesinas los territorios indígena originario campesinos, y los municipios, y regiones que adoptan tal cualidad de acuerdo a lo establecido en esta Constitución y la ley.

Artículo 293. I. La autonomía indígena basada en territorios indígenas consolidados y aquellos en proceso, una vez consolidados, se constituirá por la voluntad expresada de su población en consulta en conformidad a sus normas y procedimientos propios como único requisito exigible.

Artículo 231. Se reconoce a los indios su organización social, costumbres, lenguas creencias, tradicionales y los derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, correspondiendo a la Unión demarcarlas, protegerlas y hacer que se respeten todos sus bienes. 1. Son tierras tradicionalmente ocupadas por los indios las habitadas por ellos con carácter permanente, las utilizadas para sus actividades productivas, las imprescindibles para la preservación de los recursos ambientales necesarios para su bienestar y las necesarias para su reproducción física y cultural, según sus usos, costumbres y tradiciones. 2. Las tierras tradicionalmente ocupadas por los indios se destinan a su posesión permanente, correspondiéndoles el usufructo exclusivo de las riquezas del suelo, de los ríos y de los lagos existentes en ellas.

Artículo 329. La conformación de las entidades territoriales indígenas se hará con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, y su delimitación se hará por el Gobierno Nacional, con participación de los representantes de las comunidades indígenas, previo concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Los resguardos son propiedad colectiva y no enajenable.

Artículo 242. El Estado se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales. Por razones de conservación ambiental, étnico-culturales o de población podrán constituirse regímenes especiales. Los distritos metropolitanos autónomos, la provincia de Galápagos y las circunscripciones territoriales indígenas y pluriculturales serán regímenes especiales.

Artículo 67. Protección a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas. Las tierras de las cooperativas, comunidades indígenas o cualesquiera otras formas de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria, así como el patrimonio familiar y vivienda popular, gozarán de protección especial del Estado, de asistencia crediticia y de técnica preferencial, que garanticen su posesión y desarrollo, a fin de asegurar a todos los habitantes una mejor calidad de vida.

Las comunidades indígenas y otras que tengan tierras que históricamente les pertenecen y que tradicionalmente han administrado en forma especial, mantendrán ese sistema.

Artículo 68. Tierras para comunidades indígenas. Mediante programas especiales y legislación adecuada, el Estado proveerá de tierras estatales a las comunidades indígenas que las necesiten para su desarrollo.

Artículo 344. La Reforma Agraria es un proceso integral y un instrumento de transformación de la estructura agraria del país, destinado a sustituir el latifundio y el minifundio por un sistema de propiedad, tenencia y explotación de la tierra que garantice la justicia social en el campo y aumente la producción y la productividad del sector agropecuario.

Artículo 346. Es deber del Estado dictar medidas de protección de los derechos e intereses de las comunidades indígenas existentes en el país, especialmente de las tierras y bosques donde estuvieren asentadas.

Artículo 2. A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución.

VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley.

Artículo 89. […]El Estado reconoce las formas comunales de propiedad de la tierra de las comunidades de la Costa Caribe. Igualmente reconoce el goce, uso y disfrute de las aguas y bosques de sus tierras comunales.

Artículo 180. Las comunidades de la Costa Caribe tienen el derecho inalienable de vivir y desarrollarse bajo la forma de organización político-administrativa, social y cultural que corresponde a sus tradiciones históricas y culturales.

Artículo 181. El Estado organizará, por medio de una ley el régimen de autonomía para los Pueblos Indígenas y las comunidades étnicas de la Costa Caribe, la que deberá contener entre otras normas: las atribuciones de sus órganos de gobierno, su relación con el Poder Ejecutivo y Legislativo y con los municipios y el ejercicio de sus derechos. Dicha ley, para su aprobación y reforma, requerirá de la mayoría establecida para la reforma a las leyes constitucionales.

Artículo 127. El Estado garantizará a las comunidades indígenas la reserva de las tierras necesarias y la propiedad colectiva de las mismas para el logro de su bienestar económico y social. La ley regulará los procedimientos que deban seguirse para lograr esta finalidad y las delimitaciones correspondientes dentro de las cuales se prohíbe la apropiación privada de tierras.

Artículo 64. De la propiedad comunitaria Los Pueblos Indígenas tienen derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, en extensión y calidad suficientes para la conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida. El Estado les proveerá gratuitamente de estas tierras, las cuales serán inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles, no susceptibles de garantizar obligaciones contractuales ni de ser arrendadas; asimismo, estarán exentas de tributo.

Se prohíbe la remoción o traslado de su hábitat sin el expreso consentimiento de los mismos.

Artículo 88. El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. Garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra, en forma privada o comunal o en cualquiera otra forma asociativa. La ley puede fijar los límites y la extensión de la tierra según las peculiaridades de cada zona.

Las tierras abandonadas, según previsión legal, pasan al dominio del Estado para su adjudicación en venta.

Artículo 89. Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas.

Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el artículo anterior.

El Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y Nativas.

Artículo 119. El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Corresponderá al Ejecutivo Nacional, con la participación de los Pueblos Indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y en la ley.

Artículo 120. El aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas. Los beneficios de este aprovechamiento por parte de los Pueblos Indígenas están sujetos a esta Constitución y a la ley.

En el Estado Plurinacional de Bolivia, la Autonomía Indígena Originaria Campesina (AIOC), se enmarca dentro un proceso político, jurídico, social, económico y cultural, que han desarrollado los pueblos indígenas originario campesinos, afrobolivianas y comunidades interculturales. La autonomía indígena originario campesina, se centra en tres elementos fundamentales: la existencia precolonial, el dominio ancestral de su territorio, la libre determinación de los pueblos.

La autonomía es un concepto indivisible que identifica a los pueblos indígena originario campesinos, cuya existencia es anterior a la colonia, su población comparte territorialidad, cultura, historia, lenguas, costumbres, saberes y conocimientos y organización o instituciones sociales, económicas, políticas culturales y jurídicas, propias de cada pueblo o nación y pueden acceder en igualdad de condiciones al derecho a la autonomía establecido en la Constitución Política del Estado.

La entidad competente de la consolidación de la autonomía indígena originaria es el Viceministerio de Autonomías, a la fecha existen 24 procesos de solicitud de las naciones y pueblos indígenas originario campesino, que buscan la implementación de las garantías constitucionales para consolidar su autogobierno y la Autonomía Indígena originario Campesino. Actualmente, se han establecido tres Autonomías Indígenas Originario Campesina (AIOC)
El Gobierno Autónomo Indígena Originario de Charagua – Iyambae perteneciente a la Asamblea del Guaraní del Departamento de Santa Cruz, se creó el 1º de enero de 2017.

El Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino del Territorio de Raqaypampa del Departamento de Cochabamba, se creó el 1º de enero de 2018.

El Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino de la Nación Uru – Chipaya, en el Departamento de Oruro, se creó el 1º de enero de 2018.

- Constitución

Artículo 271. I. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización regulará el procedimiento para la elaboración de Estatutos autonómicos y Cartas Orgánicas, la transferencia y delegación competencial, el régimen económico financiero, y la coordinación entre el nivel central y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas. II. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización será aprobada por dos tercios de votos de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

- Legislación

Ley n.° 3760, del 7 de noviembre de 2007, que da rango legal a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.

Ley n.° 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” del 19 de julio de 2010.

Ley n.° 588, de octubre de 2014, que regula el procedimiento para la transferencia de recursos económicos para la organización y administración de referendos aprobatorios de estatutos de autonomías indígena originario campesinas, para garantizar la conversión de las autonomías indígenas originaria campesina – AIOC.

Resolución Ministerial n.° 309/2017 del 29 de diciembre de 2017, de creación Ancestralidad Territorial.

Resolución Ministerial n.° 310/2017 del 29 de diciembre de 2017 que da lugar a la Viabilidad Gubernativa y Base Poblacional.

Los resguardos indígenas son una institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por una o más comunidades indígenas, que con un título de propiedad colectiva que goza de las garantías de la propiedad privada, poseen su territorio y se rigen para el manejo de éste y su vida interna por una organización autónoma amparada por el fuero indígena y su sistema normativo propio.

La legalización de tierras a comunidades indígenas incluye el procedimiento para la realización de los trámites de constitución y ampliación de resguardos; el primero tiene por objeto la legalización de tierras con el carácter de resguardo, con el fin de contribuir al adecuado asentamiento y desarrollo de las comunidades indígenas para que estas puedan “preservar sus usos y costumbres, prácticas tradicionales de producción y garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de sus integrantes”.

Por su parte, la ampliación de resguardos es el proceso de legalización de tierras a comunidades indígenas, cuando estas fuesen insuficientes para su desarrollo económico y cultural o para el cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad, o aun cuando no fueron incluidas en el resguardo la totalidad de las tierras que ocupan tradicionalmente o que constituyen su hábitat.

De esta manera, entre los años 1966 y 2018, han sido constituidos en Colombia 872 resguardos indígenas y se han ampliado 102, con una extensión aproximada de 32,3 millones de hectáreas, en los cuales, según datos de 2005, habitan más de un millón de personas.

- Constitución

Artículo 329. La conformación de las entidades territoriales indígenas se hará con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, y su delimitación se hará por el Gobierno Nacional, con participación de los representantes de las comunidades indígenas, previo concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Los resguardos son propiedad colectiva y no enajenable.

Artículo 330. De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades.

- Legislación

Ley n.° 89 de 1890. Ley decretada por el Congreso que dice: “Por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada” Se norma la organización de cabildos, resguardos, de los protectores indígenas, las ventas, la división de los terrenos de los resguardos.

Decreto n.° 1088 de 1993. Regula la creación de las asociaciones y cabildos indígenas.
Dicta normas relativas al funcionamiento de los territorios indígenas, protección de sus territorios, y asociación de comunidades indígenas, en función de su participación y fortalecimiento económico, social y cultural.

Decreto n.° 1809 de 1993. Sobre normas fiscales relativas a los territorios indígenas.
Art. 1°. Confiere a los resguardos el estatus de municipios, para efectos de las transferencias de recursos.

Ley n.° 160 de 1994. Su capítulo XIV regula la dotación y titulación de tierras a las comunidades indígenas para la constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de los resguardos indígenas en el territorio nacional.

Decreto n.° 2164 de 1995. Dotación y titulación de tierras a las comunidades indígenas para la constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de los Resguardos Indígenas en el territorio nacional.

Por el cual se reglamenta parcialmente el Capítulo XIV de la Ley n.° 160 de 1994 en lo relacionado con la dotación y titulación de tierras a las comunidades indígenas para la constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de los Resguardos Indígenas en el territorio nacional.
Poseen su territorio y se rigen para el manejo de éste y su vida interna por una organización autónoma amparada por el fuero indígena y su sistema normativo propio.

Decreto n.° 1953 de 2014. Crea un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento los Territorios Indígenas respecto de la administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas hasta que el Congreso expida la ley de qué trata el artículo 329 de la Constitución Política.

En el año 1939, la Ley General de Terrenos Baldíos declaraba a las tierras habitadas por indígenas como inalienables. En el año 1956, un decreto demarca los primeros territorios indígenas, que en aquel momento se denominaban “reservas indígenas”, de Boruca-Térraba, Ujarrás-Salitre-Cabagra, China Kichá.

Hasta el momento, Costa Rica ha reconocido 24 territorios indígenas a través de Decretos Ejecutivos con rango de ley.

A partir del año 1977, la ley n.° 6172, estableció un marco más completo al tema. Aprobada esta ley, los no indígenas que ingresaran para vivir en los territorios titulados como reservas tendrían que ser reubicados o expropiados, en virtud de su calidad de meros ocupantes. Pero no se reubicó ni se desalojó a los no indígenas, ni tampoco se expropiaron o anularon las invasiones de sus territorios. Según los datos oficiales, la totalidad de los territorios indígenas es de 334,447 hectáreas, de las cuales el 38% se encuentra en manos de no indígenas, a pesar de que existen algunos programas por parte del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) para la compra y restitución de tierras a los pueblos indígenas.

Una medida legislativa que ha tenido un significativo impacto en los territorios indígenas fue la creación de las Asociaciones de Desarrollo Integral (ADI), que suplantaron el reconocimiento de la autoridad de las instituciones tradicionales de los pueblos por un modelo occidental de organización comunal basado en la conformación de juntas directivas que ostentan la representación judicial y extrajudicial de los territorios.

Desde 2016, el Estado costarricense ha iniciado un proceso para dar cumplimiento con lo mandatado por la ley de 1977, regularizar la posesión de la tierra en los territorios indígenas y recuperar los terrenos que se encuentren en posesión u ocupación de personas no indígenas.

- Constitución

La protección constitucional a la territorialidad indígena se sustenta en un marco conceptual evolutivo sobre la identidad cultural, la dignidad, la libertad y la igualdad ante la ley, como elementos inherentes a todas las personas.

En este sentido, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia señaló en 2002:
La Constitución Política, si bien no contiene un estatuto específico respecto de los derechos de las comunidades autóctonas, de su sistema (en especial de las normas contenidas en los artículos 28, 33, 50 y 74) es posible colegir un principio de reconocimiento de tales prerrogativas, basado en la idea de respeto y protección estatales, como deberes ante las comunidades indígenas, velando por la preservación de su cultura y al mismo tiempo el acceso de sus integrantes a los frutos que el desarrollo nacional produce. Lo anterior es reafirmado por el numeral 76 constitucional, que expresamente impone al Estado el deber de mantenimiento y cultivo de las lenguas indígenas. Así, puede la Sala partir como premisa del reconocimiento constitucional hecho a favor de la identidad cultural y protección de los Pueblos Indígenas que habitan el país.

La Sala Constitucional, en 2004, expresó: Entre los derechos que se ha reconocido a las comunidades Indígenas está el de que, a fin de que defiendan el entorno natural de sus tierras, se les consulte en los procedimientos relativos a ellas o que de alguna forma puedan afectar su derecho a desenvolverse con garantía de su calidad de vida, pues de lo contrario se quebranta el debido proceso respecto de los derechos  fundamentales de los pueblos indígenas interesados (artículo 13 del citado Tratado y 50 de la Constitución Política) (...)” (Sentencia n.° 2000-08019, de las 10.18 horas del 18 de setiembre de 2000). En ese orden de ideas, cualquier aprovechamiento de recursos naturales en Reservas Indígenas debe contar con el consentimiento de los pueblos indígenas, y debe informárseles sobre cualquier solicitud de aprovechamiento, aun cuando se trate de recursos naturales en propiedad privada.

Resolución 2004-09931 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, San José, 3 de septiembre de 2004.

- Legislación

Ley n.° 6172, Ley Indígena de 1977 que reconoce los territorios indígenas declarados “reservas” en los decretos anteriores como inalienables, imprescriptibles, no transferibles y exclusivos de las comunidades indígenas.

Decreto n.° 8489 de 1978, Reglamento de la Ley Indígena; introduce las Asociaciones de Desarrollo Integral Indígena en sustitución de las estructuras tradicionales.

En el año 1987, en el marco de la aprobación de una nueva Constitución, cuando el Estado nicaragüense adopta un régimen de autonomía de las comunidades de la Costa Caribe, de carácter regional y multiétnico.

La Costa Caribe cuenta con 700 km de litoral, la Costa Caribe Norte cuenta con una superficie de 32.159 Km² y la Costa Caribe Sur 27.407 Km², donde drena el 95% de las cuencas hídricas nacionales; dispone del 72% del área forestal del país; concentra el 70% de la producción pesquera; cuenta con el 23% del área total agrícola; posee el 60% de los recursos mineros y 45.000 km de plataforma continental con excelente potencial para la explotación de hidrocarburos. La población de las Regiones Autónomas, según el VIII Censo de Población y IV de Vivienda del año 2005, es 620.640 habitantes (314.130 en el Caribe Norte, 305. 510 en el Caribe Sur), en su mayoría, habitan en áreas rurales. El nuevo estatuto se discutió y aprobó en el contexto de un proceso de negociación para la paz y se asentó en base a los principios de reconocimiento y restitución de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes dentro de la soberanía del Estado Nicaragüense.

De allí que la multietnicidad se concibió como un elemento central para mantener la vinculación de las Regiones Autónomas al resto del país, contribuir a construir una conciencia de unidad nacional respetando la diversidad étnica- cultural y la creación de condiciones políticas, económicas, sociales y culturales para la convivencia interétnica.

Esos derechos colectivos, sin embargo, no abarcaban a todos los pueblos indígenas del país. Por lo tanto, actualmente hay tres espacios socio culturales, con marcos normativos diferenciados, a saber: las Regiones Autónomas del Caribe, las comunidades indígenas del Pacifico y Centro Norte y, las comunidades del Alto Coco y Bocay.

- Constitución

Artículo 5. El Estado reconoce la existencia de los pueblos indígenas, que gozan de los derechos, deberes y garantías consignados en la Constitución y en especial los de mantener y desarrollar su identidad y cultura, tener sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos locales; así como mantener las formas comunales de propiedad de sus tierras y el goce, uso y disfrute de las mismas, todo de conformidad con la ley. Para las comunidades de la Costa Atlántica se establece el régimen de autonomía en la presente Constitución.

Artículo 89. Capítulo VI Derechos de las comunidades de la Costa Atlántica de la Asamblea Nacional.
Las comunidades de la Costa Atlántica son parte indisoluble del pueblo nicaragüense y, como tal, gozan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones.

Las comunidades de la Costa Atlántica tienen el derecho de preservar y desarrollar su identidad cultural en la unidad nacional; dotarse de sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos locales conforme a sus tradiciones.

El Estado reconoce las formas comunales de propiedad de las tierras de las comunidades de la Costa Atlántica. Igualmente reconoce el goce, uso y disfrute de las aguas y bosques de sus tierras comunales.
El Estado garantiza a estas comunidades el disfrute de sus recursos naturales, la efectividad de sus formas de propiedad comunal y la libre elección de sus autoridades y diputados.

Artículo 181. Régimen de autonomía para los pueblos indígenas y comunidades étnicas.
El Estado organizará, por medio de una ley, el régimen de autonomía para los pueblos indígenas y las comunidades étnicas de la Costa Atlántica, la que deberá contener, entre otras normas: las atribuciones de sus órganos de gobierno, su relación con el Poder Ejecutivo y Legislativo y con los municipios, y el ejercicio de sus derechos. Dicha ley, para su aprobación y reforma, requerirá de la mayoría establecida para la reforma a las leyes constitucionales.

Las concesiones y los contratos de explotación racional de los recursos naturales que otorga el Estado en las regiones autónomas de la Costa Atlántica, deberán contar con la aprobación del Consejo Regional Autónomo correspondiente.

Los miembros de los consejos regionales autónomos de la Costa Atlántica podrán perder su condición por las causas y los procedimientos que establezca la ley.

- Legislación

Ley n.° 28 de 1987. Estatuto de la Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua. Determina los órganos de administración de la autonomía: El Consejo Regional Autónomo, Coordinador del Gobierno Regional, Autoridades municipales y comunales, Otros correspondientes a la subdivisión administrativa de los municipios (Art. 15).

Ley n.° 445 de 2003. Régimen de propiedad comunal de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco e Indio Maíz.

Profundiza el régimen de autonomía puesto que incorpora aspectos referidos a las relaciones entre las comunidades con distintos niveles de gobierno y reafirma las competencias históricas de las autoridades comunales y territoriales.

La autonomía comarcal significa que los territorios son administrados por las autoridades tradicionales de acuerdo con sus propias normas y sistemas de autoridad y que se aplican sistemas de gestión territorial indígena. Fue el primer país en América Latina en reconocer derechos territoriales y autonomía política y administrativa a los indígenas.

Las comarcas indígenas cuentan con importantes recursos naturales principalmente en bosques y biodiversidad y con mecanismos de protección definidos y realizados por los mismos pueblos que las poseen.

Al interior del perímetro territorial indígena podrían existir distintos tipos de posesión de la tierra, desde los terrenos hereditarios sujetos a compra, venta y alquiler al interior de la comunidad restricta o ampliada hasta las áreas de conservación de capas freáticas o los territorios de caza. El ejercicio de soberanía sobre su propio territorio deriva de la observancia de los estatutos de la comarca y de una gestión territorial manejada por sus propias autoridades.

De acuerdo con el Censo Nacional del año 2010, el total de población indígena de Panamá es de 318.059personas, de las cuales, más de 200.000 viven en las comarcas.

- Constitución

Artículo 127. El Estado garantiza a las comunidades indígenas la reserva de las tierras necesarias y la propiedad colectiva de las mismas para el logro de su bienestar económico y social. La Ley regulará los procedimientos que deban seguirse para lograr esta finalidad y las delimitaciones correspondientes dentro de las cuales se prohíbe la apropiación privada de tierras.

- Legislación

Ley n.° 16 de 1938; Comarca de San Blas, actual Comarca Kuna Yala.

Ley n.° 22 de 1983; Comarca de Emberá de Darién.

Ley n.° 24 de 1996; Comarca de Kuna de Madungandi.

Ley n.° 10 de 1997; Comarca de Ngäbe Buglé.

Ley n.° 34 de 2000; Comarca de Kuna de Wargandí.