| Nicaragua |
En Nicaragua, el artículo 107 de la Constitución Política de la República reconoce la especificidad de las tierras comunales estableciendo la necesidad de normativas específicas:
“La reforma agraria eliminará el latifundio ocioso y se hará prioritariamente con tierras del Estado. Cuando la expropiación de latifundios ociosos afecte a propietarios privados, se hará cumpliendo con lo estipulado en el Artículo 44 de esta Constitución. La reforma agraria eliminará cualquier forma de explotación a los campesinos, a las comunidades indígenas del país y promoverá las formas de propiedad compatibles con los objetivos económicos y sociales de la nación establecidos en esta Constitución. El régimen de propiedad de las tierras de las comunidades indígenas se regulará de acuerdo con la ley de la materia. “
Los pueblos indígenas en la costa Caribe cuentan con títulos territoriales y un estatuto de autonomía establecido en el artículo181 de la Constitución Política de la República: “Régimen de autonomía para los pueblos indígenas y comunidades étnicas. El Estado organizará, por medio de una ley, el régimen de autonomía para los pueblos indígenas y las comunidades étnicas de la Costa Atlántica, la que deberá contener, entre otras normas: las atribuciones de sus órganos de gobierno, su relación con el Poder Ejecutivo y Legislativo y con los municipios, y el ejercicio de sus derechos. Dicha ley, para su aprobación y reforma, requerirá de la mayoría establecida para la reforma a las leyes constitucionales. Las concesiones y los contratos de explotación racional de los recursos naturales que otorga el Estado en las regiones autónomas de la Costa Atlántica, deberán contar con la aprobación del Consejo Regional Autónomo correspondiente. Los miembros de los consejos regionales autónomos de la Costa Atlántica podrán perder su condición por las causas y los procedimientos que establezca la ley.”
En la costa Caribe de Nicaragua, la titulación se ha agilizado debido a la existencia de un marco legal específico, la Ley 445, Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz que entró en vigencia el 23 de enero de 2003.
Esta ley desarrolla los principios constitucionales que reconocen el derecho de propiedad de los pueblos indígenas y comunidades étnicas sobre sus tierras y recursos naturales, termina con la exclusión y discriminación que existía en la legislación nacional; en el sentido que los pueblos indígenas y comunidades étnicas era el único sector social nicaragüense, que no tenía una ley, una entidad estatal y un procedimiento legal, establecidos específicamente para titular sus tierras.
En junio de 2003 se constituyó la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (CONADETI), el órgano encargado de dirigir todo el proceso de demarcación. Y en agosto del 2003 se conformaron las tres Comisiones Intersectoriales de Demarcación y Titulación (CIDT) para la RAAN, RAAS y Jinotega. La CONADETI, según la Ley 445, es una instancia tomadora de decisiones y las CIDT son instancias operativas de la CONADETI para realizar el proceso de demarcación y titulación.
El 24 de mayo del 2005 en Waspan, el Presidente de la Republica entregó los primeros cinco títulos de propiedad de los territorios indígenas emitidos por la CONADETI, a Kipla Sait Tasbaika, Mayangna Sauni As, Li Lamni Tasbaika Kum, Mayagna Sauni Bu, y Mískitu Indian Tasbaika Kum, ubicados dentro de la Reserva de la Biosfera de BOSAWAS. Y los pueblos Indígenas de Prinzapolka, Kisalaya, Saklin, Tawira y Tasba Pri, en la RAAN, y la Desembocadura del Río Grande, Territorio de San Francisco, Tumarin Indígena, Laguna de Perlas y el Territorio Rama en la RAAS, están en proceso de elaboración de los diagnósticos de sus territorios.
“La Ley 445, desarrolla los derechos que la Constitución Política de Nicaragua y la Ley 28, Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua establecieron en 1987. La Ley 445, crea los procedimientos para que los pueblos indígenas y comunidades étnicas bajo su jurisdicción, tengan un papel activo y una plena participación en la demacración, la titulación y el saneamiento, de sus tierras comunales tradicionales. La Ley 445 surge del mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA al Estado de Nicaragua en la sentencia del caso de Awas Tigni Vs. Nicaragua del 31 de agosto del 2001.
La Ley 445 es una ley especial. Por eso, sus normas prevalecen sobre cualquier otra ley que se le oponga o la contradiga, ya que obedecen al desarrollo de un régimen sui generis establecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía en materia de tierras indígenas. Esta ley fue promulgada para regular el régimen de propiedad comunal de las comunidades indígenas y étnicas de la Costa Caribe y de las cuencas de los Ríos Bocay, Coco (Wanki), Indio y Maíz, comprendiendo parte de las reservas de la Biosfera de Bosawás y del Sureste de Nicaragua.
Al reconocer a las comunidades indígenas y étnicas como personas jurídicas, a las autoridades que las representan, y la forma de elección de esas autoridades, según sus usos, costumbres y tradiciones; esta ley ha dado certeza jurídica a las comunidades, y visibilidad a sus autoridades comunales tradicionales y territoriales.
Entre los objetivos específicos de la ley se encuentra garantizar a los pueblos indígenas y comunidades étnicas el pleno reconocimiento de los derechos de propiedad comunal, uso, administración, manejo de las tierras tradicionales y recursos naturales, mediante la demarcación y titulación de sus tierras y territorios.
Según la Ley 445, un tercero puede ser mestizo o no, lo que lo hace un tercero, es su pretensión de ser dueño, de manera individual, de la propiedad comunal. La Ley 445 define a los terceros como:
“Personas naturales o jurídicas, distintas de las comunidades, que aleguen derechos de propiedad dentro de una tierra comunal o un territorio indígena”.
Debido a su naturaleza especial, esta ley desarrolla los principios constitucionales (Artos. 5,89 y 180) y que el Estatuto de Autonomía, Ley 28, estableció desde 1987, y los reitera en el Artículo 35 de la forma siguiente:
• Artículo 35: Los derechos de propiedad y ocupación histórica de las comunidades indígenas y étnicas prevalecerán sobre títulos emitidos a favor de tercero que nunca las han poseído y que a partir de 1987 pretendan ocuparlas.
• Artículo 36: El tercero que posea título agrario en tierras indígenas y que ha ocupado y poseído la tierra protegida por este título, tiene pleno derecho de continuarla poseyendo. En caso que pretenda enajenar la propiedad, deberá vender las mejoras a la comunidad.
• Artículo 37: El tercero que ha recibido título agrario con algún vicio de forma o de fondo en tierras indígenas, será indemnizado para que devuelva las tierras a las comunidades indígenas afectadas.
• Artículo 38: Los terceros en tierras indígenas sin título alguno deberán abandonar las tierras indígenas sin indemnización; pero en caso de que pretendan permanecer en ellas, pagarán un canon de arrendamiento a la comunidad.
Es entonces claro que, en Nicaragua la Constitución Política de la República, la Ley de Reforma Agraria, la Ley de Autonomía Regional y la Ley 445 constituyen el contexto jurídico para la legalización, saneamiento y delimitación de las tierras indígenas. Pero, con una aplicación regional que no alcanza las reivindicaciones territoriales de los pueblos indígenas del Pacífico, Centro y Norte del país.
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